El pasado fin de semana los restaurantes y locales de Punta Arenas abrieron sus puertas en un acto de justificada rebeldía, a pesar de las medida arbitraria e injustificada que pesa sobre esa ciudad y sus habitantes hace ya 9 meses: una “cuarentena” indefinida para gente sana.
Parte del “protocolo sanitario” era que no podían abrir ni trabajar en sus negocios de los cuales subsisten y así lo hicieron durante 9 meses bajo la supervisión estricta con sumarios y amenazas por parte de la autoridad sanitaria: los llamados funcionarios pandemia quienes valiéndose de los «protocolos» y la fuerza pública fusil en mano no los dejaban trabajar.
Así que los locatarios abrieron de todas formas, sacaron sus mesas y sus garzones comenzaron a atender en la calle y la gente comenzó a llegar y llegar. Los funcionarios de la plandemia no tardaron en hacer lo suyo y comenzaron a hacer los sumarios con visitantes, garzones y comensales.
En una de estas redadas a los locatarios por parte de los funcionarios de la plandemia Jaime Jelincic, El presidente de la Asociación Gremial de Operadores Gastronómicos de Punta Arenas, se opuso tajantemente a que los matones sanitarios entraran a sacar sumarios a sus asociados y los invitó a entenderse en tribunales como corresponde en un estado de derecho.
Jaime Jelincic, explicó que esto lo tuvieron que hacer por la insostenible situación económica de los empresarios del rubro ya que la autoridad sólo les responde que “hagan el último esfuerzo”. Recalca que llevan 9 meses haciendo el esfuerzo y que le gustaría ver cómo lo haría el ministro de Hacienda, o el ministro Paris viviendo sin ingresos 9 meses.
El dirigente, criticó también el centralismo y discriminación por parte del MINSAL para afrontar la pandemia en Magallanes ya que ellos llevan 4 meses proponiendo adecuar el plan Paso a Paso para la región de Magallanes. Pero la respuesta del gobierno es que eso no es posible a pesar de que en Santiago tuvieron que retroceder de fase, y en menos 24 horas, les cambiaron el plan Paso a Paso. Entonces, hay chilenos de primera y de segunda categoría. “Uno no entiende por qué la autoridad trabaja de manera tan discriminatoria”, sostuvo el empresario, según consignó Radio Cooperativa.
Acusó “poco criterio, cero empatía, y falta de oportunidad”, por eso en conjunto con la municipalidad de Punta Arenas comprometieron hacer declaraciones al respecto: sobre la calidad y la manera en que se está fiscalizando.
Las infracciones y los sumarios se deben enviar a los locatarios que optaron por trabajar por carta certificada y desde la Municipalidad de Punta Arenas ya ha comprometido asesoría jurídica para quienes reciban estas cartas.